El sector de dispositivos médicos en China atraviesa un auge sin precedentes. Según un informe de Cambridge Network, se estima que alcanzará un valor de 210.000 millones de dólares en 2025, impulsado por el envejecimiento de la población, el respaldo estatal a la innovación y una ambiciosa estrategia industrial.
Pekín ha hecho de la tecnología médica una prioridad nacional. A través del programa *Made in China 2025*, el país busca reducir su dependencia del extranjero y liderar en áreas clave como la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imagen, la cirugía robótica, el Internet de las Cosas (IoT) médico y los materiales avanzados. El objetivo es que, para 2025, al menos el 70 % de los dispositivos médicos de gama alta utilizados en hospitales sean de fabricación local. En el caso de componentes estratégicos, la meta se eleva al 85 %. Algunos hospitales de nivel comarcal ya debían alcanzar un 50 % de equipos chinos en 2020.
Este cambio ya tiene impacto tangible. Según datos de la Comisión Europea recogidos por Bloomberg, China pasó de tener un déficit comercial de 1.300 millones de euros en dispositivos médicos en 2019 a un superávit de 5.200 millones solo un año después.
La respuesta de Bruselas
El lunes 2 de junio, los Estados miembros de la Unión Europea respaldaron la propuesta de la Comisión Europea para restringir el acceso de fabricantes chinos a contratos públicos de dispositivos médicos superiores a cinco millones de euros. La noticia, adelantada por Reuters, Bloomberg y *South China Morning Post*, cita fuentes diplomáticas que confirman que la resolución aún no se ha hecho oficial.
La medida se ampara en el Instrumento Internacional de Contratación Pública (IPI), una legislación de 2022 que permite limitar el acceso a empresas de países que no ofrezcan condiciones de reciprocidad. Las restricciones pueden incluir penalizaciones en las licitaciones o incluso la exclusión directa de concursos públicos. El borrador actual prevé que las restricciones tengan una duración inicial de hasta cinco años y contempla excepciones caso por caso.
La decisión llega tras una investigación de la Comisión lanzada en abril de 2024, que concluyó en enero de 2025 con un informe contundente: el 87 % de las licitaciones públicas analizadas en China contenían barreras explícitas o implícitas a los productos extranjeros. Se identificaron exigencias técnicas que solo cumplían proveedores locales, precios artificialmente bajos y prohibiciones directas a importaciones en numerosos concursos entre 2022 y 2024. Los segmentos más afectados fueron otorrinolaringología, diagnóstico general e imagen médica.
Bruselas afirma que China no propuso medidas correctivas durante el periodo de consultas, lo que justificaría la activación del IPI. La Comisión sostiene que mientras las empresas chinas gozan de amplio acceso al mercado europeo, las europeas enfrentan obstáculos sistemáticos en China.
