A partir de este sábado 7 de junio, se prohíbe en España el uso de móviles para hacer llamadas comerciales. Según explicó recientemente el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, estas deberán hacerse únicamente desde números con prefijos provinciales o bien desde un 800 o 900.
Una buena noticia, sí. Pero insuficiente.
Otra promesa contra el spam… ¿otra decepción?
Desde junio de 2023 está en vigor la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento previo. El problema es que ese consentimiento ya lo dimos muchas veces sin darnos cuenta: al aceptar los términos de servicio de un operador, al rellenar formularios online, al abrir cuentas… en definitiva, al dejar nuestros datos alegremente.
Y con eso ya tienen vía libre para llamarnos. A veces incluso lo hacen empresas con las que ni hemos tratado directamente, amparadas en que se relacionan de algún modo con un servicio que contratamos.
Las excepciones que abren la puerta al abuso
La ley permite llamar si:
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Dimos consentimiento previo (aunque fuera sin saberlo).
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Existe un interés legítimo, como ofrecernos mejoras o descuentos en servicios contratados.
Ambas excepciones son razonables en teoría, pero en la práctica se están utilizando como coladero para seguir molestando a los usuarios.
¿Qué cambia ahora?
Con la nueva medida:
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Se prohíbe el uso de móviles para llamadas comerciales.
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Se bloquean las llamadas con origen internacional, otro recurso habitual para saltarse la legislación.
Es un paso adelante, pero no una solución definitiva. Las llamadas spam seguirán, solo que vendrán desde otros números.
Conclusión
Llevamos años esperando que se acaben estas prácticas invasivas. Esta medida alivia, pero no elimina el problema. Hasta que no se controle de forma efectiva el consentimiento y se endurezcan las sanciones por abuso, seguiremos escuchando el teléfono sonar sin ganas de contestar.
