Hacienda refuerza su capacidad de análisis digital con la adquisición de 365 discos duros destinados al almacenamiento de información extraída de dispositivos incautados en investigaciones por fraude fiscal y contrabando.
La Agencia Tributaria ha iniciado el proceso para dotarse de un nuevo lote de discos duros, con el fin de responder al notable aumento de intervenciones en móviles, ordenadores y otros dispositivos digitales vinculados a contribuyentes con expedientes abiertos. En total, se adquirirán 365 unidades, que se repartirán entre la sede central y 19 delegaciones territoriales de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), así como oficinas de Aduanas e Impuestos Especiales.
Más datos, más capacidad
La justificación del contrato, a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, señala que estas unidades informáticas están llegando al límite de su capacidad. Coordinadas por la Unidad Central de Auditoría Informática (UCAI), desde la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, las UAI se encargan de analizar el contenido de dispositivos intervenidos en procedimientos tanto administrativos como judiciales.
La explosión del volumen de datos copiados en los últimos años —provenientes de móviles, portátiles o discos externos— ha obligado a reforzar el almacenamiento para garantizar el análisis forense y el posterior depósito judicial de la información relevante.
Tecnología clave para Aduanas y Vigilancia
No solo los equipos de inspección financiera reclaman estos recursos. La Subdirección General de Operaciones de Aduanas considera esta adquisición esencial para las tareas de la Brigada Móvil Central y la Unidad de Gestión de Interceptación de Comunicaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Según la memoria, estos dispositivos permiten realizar extracciones forenses, copias de seguridad y volcados de datos en investigaciones sobre redes de blanqueo, contrabando y fraude. La legislación exige, además, entregar copias íntegras de la información relevante a los juzgados, lo que multiplica la demanda de almacenamiento.
Detalle de la adquisición
El contrato contempla dos bloques de material:
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337 discos duros externos de distinta capacidad, desde portátiles de 1 TB hasta unidades de gran tamaño de 12 TB, con un presupuesto de más de 40.000 euros.
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28 discos duros internos de alto rendimiento, con capacidades de entre 500 GB y 2 TB, destinados a equipos de análisis informático, valorados en unos 3.100 euros.
La inversión total asciende a 52.374,85 euros, y el suministro se adjudicará mediante un concurso público simplificado, al no superar el umbral de los 60.000 euros establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.
Reparto regional: Cataluña, Cantabria y Andalucía, a la cabeza
La distribución territorial refleja la intensidad de las investigaciones en ciertas comunidades. Cataluña recibirá 65 discos externos y 10 internos; Cantabria, 82 unidades; y Andalucía, 29 externas y 15 internas. También figuran Galicia, La Rioja, Murcia y la Dirección General de la Guardia Civil, que será dotada de varios discos de gran capacidad para colaborar en investigaciones conjuntas.
Destacan las 27 unidades de 12 TB, que se reservarán para la sede central de la UCAI y la delegación de Cantabria.
Plazos, condiciones y cláusulas sociales
La entrega debe realizarse en un plazo máximo de dos meses a partir del 1 de octubre de 2025 (o desde la firma del contrato si es posterior). No se contemplan prórrogas. El contratista deberá cumplir estrictamente con la normativa de protección de datos, dado el carácter sensible de la información tratada.
Además, se incluye una cláusula social: si la empresa adjudicataria contrata nuevo personal fijo, al menos el 50% deberá ser mujer, siempre que exista disponibilidad en el mercado laboral. También se prevén penalizaciones del 1% por incumplimientos relacionados con la documentación o lucha contra la morosidad.
Una estrategia continuada
Esta compra no es un caso aislado. Desde 2015, Hacienda ha realizado adquisiciones similares para fortalecer sus capacidades frente al fraude digital. La tendencia es clara: a medida que las operaciones ilícitas migran al entorno digital —incluyendo el uso de criptomonedas, apps de mensajería o transferencias internacionales—, crece la necesidad de herramientas que permitan almacenar y analizar grandes volúmenes de datos electrónicos con seguridad y eficiencia.
La Agencia Tributaria refuerza así su infraestructura tecnológica para asegurar que ninguna prueba digital quede sin analizar, consolidando la tecnología como un elemento clave en la lucha contra la evasión fiscal y el crimen económico.
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