El anuncio del Gobierno de posponer hasta 2027 la entrada en vigor del sistema obligatorio de facturación certificada, conocido popularmente como Verifactu, ha desatado un auténtico terremoto entre autónomos, pymes y desarrolladores que llevaban meses —e incluso años— invirtiendo en software para cumplir con la normativa.
Lo que muchos en redes han bautizado como «la Gran Estafa del Verifactu» no es una acusación literal, sino la etiqueta que resume la mezcla de frustración, sensación de abandono y enfado generalizado de quienes ya habían desembolsado dinero para adaptarse a tiempo.
Un sistema que se preparó… para no ser usado todavía
La obligatoriedad inicial estaba prevista para 2026. Con ese horizonte, miles de negocios:
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Compraron software certificado.
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Actualizaron equipos.
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Contrataron formaciones.
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Pagaron integraciones personalizadas.
Todo ello sin ayudas o subvenciones, según denuncian varias asociaciones sectoriales, porque las líneas de apoyo no llegaron a tiempo o eran demasiado limitadas.
Ahora, al retrasarse la implantación obligatoria, muchos se preguntan quién asume el coste de esas inversiones.
Un autónomo lo resumió así en un foro empresarial:
«Nos dijeron ‘corre que llega’, y cuando hemos corrido… aplazan la meta. ¿Y ahora qué hacemos con lo gastado?».
Empresas de software: entre la indignación y el vértigo
Los desarrolladores tampoco salen indemnes. Varias compañías orientaron su año fiscal a preparar productos certificados para Verifactu. Hubo contratación de personal, jornadas extra y costes de homologación.
Un portavoz de un colectivo de proveedores lo expresaba con ironía amarga:
«Hemos hecho los deberes, hemos comprado el cuaderno nuevo, y ahora el profe dice que el examen es en dos años. ¡Genial! ¿Quién nos devuelve las horas?»
El eterno juego del «ahora sí, ahora no»
Expertos consultados señalan que el baile de fechas mina la seguridad jurídica y hace difícil planificar inversiones tecnológicas.
Se teme que este retraso genere:
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Desconfianza hacia nuevas obligaciones fiscales.
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Pérdida económica para quienes se adelantaron.
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Paralización de compras tecnológicas en 2025–2026.
Mientras tanto, quienes no invirtieron celebran el respiro; quienes sí lo hicieron sienten que han pagado un “peaje fantasma”.
¿Y ahora quién paga la factura?
Es la gran pregunta.
Por ahora no hay un mecanismo anunciado para compensar a quienes ya han invertido, lo que ha encendido el debate público.
Colectivos empresariales ya exigen:
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Ayudas retroactivas.
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Deducciones fiscales por inversión tecnológica.
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Garantías para que no vuelva a ocurrir otro aplazamiento sorpresa.
Hasta entonces, el sentimiento general es claro:
el sistema de facturación segura no ha empezado, pero ya ha generado un agujero en muchos bolsillos.
